El senador Oscar Parrilli convocó para las 10, a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta para tratar las modificaciones en la ley del Ministerio Público Fiscal.
La Comisión de Justicia del Senado se reunirá hoy para continuar con el debate sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal y el oficialismo busca avanzar con el dictamen para un proyecto que limite el mandato del procurador general y baje la mayoría requerida para su elección.
La convocatoria la hizo el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, para las 10 en el recinto. El espacio político oficialista busca desplazar al actual Procurador Eduardo Casal, que ocupa el puesto de manera interina, e impulsa para el cargo al juez federal Daniel Rafecas.
El sector del bloque más cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner abrió el debate sobre dos proyectos que había presentado la oposición a fines de 2019 pero en los últimos días el rionegrino Alberto Weretilneck impulsó otro, que recibió el visto bueno de sus pares del Frente de Todos.
La iniciativa acota el mandato del jefe de los fiscales -hoy vitalicio- a cinco años y reducir la mayoría requerida para designar al jefe de los fiscales, para que en lugar de los dos tercios de los presentes se necesite mayoría absoluta, es decir, 37 votos.
Según informa NA, esto le allanaría el camino a la bancada del Frente de Todos para elegir al procurador, con su propia mayoría, dado que cuenta con 40 votos más el de Weretilneck.
Los proyectos en estudio en comisión de la Cámara alta son de los senadores de la oposición Martín Lousteau (Juntos por el Cambio), Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino), y del aliado del oficialismo Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro). Lousteau sugirió que la duración en el cargo tanto para Procurador como para Defensor General sea por seis años y Crexell, que dure cinco años. Ambos mantienen la condición de mayoría agravada de dos tercios del Senado para la elección de los funcionarios.
Mientras que el proyecto del exgobernador de Río Negro propone que los mandatos tanto del Procurador como del Defensor sean de cinco años, con la posibilidad de renovar por un nuevo período, y que la elección se realice por mayoría absoluta en la Cámara alta.
